Es necesario priorizar estudios sobre demografía, ecología, distribución de las poblaciones, y caracterización genética, como una de las herramientas en la identificación del sitio de origen. La investigación sobre especies objeto de tráfico debe incorporar estas variables que son fundamentales, no solo para identificar el impacto de la explotación comercial, sino para orientar la gestión necesaria para conservar las poblaciones.
La “des”confiabilidad de la información. La información como eje central en la gestión del tráfico ilegal de especies, tiene varias dimensiones y una de ellas indudablemente lo constituye la confiabilidad de la información con que cuenta el país, para tomar decisiones. Dicha información se soporta principalmente en los registros periódicos de las especies decomisadas, que hacen las autoridades ambientales regionales en sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, los datos de decomisos no permiten y no deberían ser los únicos en las decisiones de gestión, pues su obtención, no se hace de manera sistemática, estandarizada y con las herramientas adecuadas, muchos de los registros son incompletos, no identifican claramente el tipo de especie decomisada, puede ser el reporte de un solo año, la información se centra en los individuos, descuidando partes y productos derivados, entre otros. Adicionalmente estos registros muchas veces se hacen esporádicamente, sin recursos suficientes tanto humanos como económicos, y se convierten en indicadores de la gestión que hacen las autoridades ambientales.
La debilidad de la información actual disponible refleja la desarticulación institucional con respecto a la falta de lineamientos y herramientas para que las Autoridades Regionales puedan estandarizar la información, impidiendo así que ésta circule entre las diferentes instituciones, se realicen los análisis y se adopten las medidas necesarias.
El desconocimiento de la cadena de tráfico. Actualmente, el país no cuenta con información sobre la cadena de comercialización de las especies silvestres, los actores involucrados, sus motivaciones, su organización; las rutas por las cuales se realiza, tanto nacionales como internacionales, no se tienen datos de la demanda de especies como tampoco de la oferta nacional, no existe información sobre precios de venta, de compra, ni los beneficios económicos que genera. La información sobre la cual se orienta la gestión, está relacionada con las cifras de decomisos, excluyendo la búsqueda de soluciones estructurales.
Dicha situación es debida en parte al carácter de ilegalidad del tráfico que influye en la caracterización de la problemática en su real dimensión, sumado a que no existen lineamientos ni orientaciones por parte de las entidades con competencia en el tema, para entender la problemática y proponer acciones para una gestión efectiva.
Coherencia y pertinencia de la normatividad en fauna. En la legislación vigente es legal el uso de las poblaciones silvestres para la subsistencia alimenticia. Otros usos tales como zoocría, caza comercial, de fomento y de control, e investigación, están contemplados mediante permiso, autorización o licencia (Decretos 1608 de 1974, 4688 de 2005 y 309 de 2000, y Ley 611 de 2000). Cualquier comercialización de fauna silvestre que no cumpla los requisitos de ley constituye uso ilegal, incluyendo la tenencia de mascotas.
En el país solo la zoocría se ha visto como una opción legal al uso de fauna silvestre y en ese sentido ha tenido mayores avances normativos; otros avances han tenido que ver con la caza comercial, la cual sin embargo requiere un sólido soporte científico, técnico e institucional para que se constituya en una alternativa real. Es urgente una revisión conceptual y técnica de la normatividad que la cobija para garantizar coherencia con el objetivo de la gestión y pertinencia de los requerimientos que establecen los términos para garantizar la sostenibilidad del recurso biológico.
De otra parte, la revisión de la normatividad actual es indispensable para garantizar su vigencia con la gestión de la biodiversidad, particularmente en el tema del tráfico ilegal y en el nuevo marco de la PNGIBSE.
