La actividad ganadera hoy día está considerada como uno de los principales motores de transformación y pérdida de biodiversidad. Su expansión inapropiada en la cobertura del suelo aumenta la deforestación, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero, incide en la propagación de especies vegetales con alto riesgo de invasión, compite por la utilización de los servicios ecosistémicos y es una de las causas principales de los disturbios antrópicos en ecosistemas estratégicos como los páramos y los humedales.
Sin embargo, su contribución a la economía nacional y su compromiso en la seguridad alimentaria, dan facultades de corresponsabilidad en la conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los servicios ecosistémicos.
Desde la institucionalidad y la estructura del Estado, a partir de la Constitución de 1991, se inició la discusión y la gestión de la incorporación del concepto de desarrollo sostenible en los sectores productivos1,2, dando como resultado un incremento en el desarrollo legislativo del sector agropecuario y a su vez consolidando la legislación ambiental1. Recientemente se ha reconocido la importancia de conservar la biodiversidad y la prestación de los servicios ecosistémicos, en pro de asegurar el crecimiento y la competitividad del sector agropecuario. Se han expedido normas enfocadas en detener la pérdida o fragmentación de los hábitats, proteger los ecosistemas, y sancionar las conductas constitutivas de violación a las normas ambientales1.
No obstante, aún son muchas las dificultades que presenta el sector agropecuario en la adopción efectiva de medidas que favorezcan su sostenibilidad ambiental, dada la débil articulación sectorial e intersectorial, la ausencia de producción con un enfoque ecosistémico, el deficiente ordenamiento territorial de las actividades agropecuarias y la carencia de criterios de sostenibilidad en la mayoría de subsectores productivos3.
La legislación actual no armoniza el desarrollo de la actividad económica de la ganadería con los mandatos constitucionales de procurar un desarrollo sostenible, y tampoco incorpora consideraciones de la gestión integral de la biodiversidad2. La formulación de políticas para el sector parece obedecer a razones sociales, económicas y de inocuidad de los alimentos, induciendo al sector ganadero a operar en detrimento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Sin embargo, hoy en día existen elementos y propuestas generados por el sector, el Estado y la ciudadanía que son oportunidades para
capitalizar en la planificación, producción y participación para una gestión integral e inclusión de consideraciones de biodiversidad en la actividad ganadera asegurando oportunidades de desarrollo a las generaciones futuras3,4,5.
