En Colombia coexisten dos tipos de agricultura. Una agricultura comercial que se ha consolidado, modernizando su estructura productiva, mejorando la productividad en tierras de buena calidad, orientada a la agroindustria y a la exportación, y un sector de pequeños productores, intensivo en mano de obra, con frecuencia localizado en tierras de inferior calidad. El índice Gini de concentración de la propiedad rural en Colombia es de 0,88, de los más altos del mundo1. A pesar de esto, la agricultura de pequeña escala responde por cerca del 60% de la oferta nacional de alimentos.
Este patrón de tenencia de la tierra está íntimamente vinculado con los procesos de degradación de tierras2. Estudios del IGAC y CORPOICA, entre otros, indican que el problema central no se origina en la escasez absoluta de tierras de buena calidad, sino en el uso inadecuado de las tierras incorporadas a la frontera agrícola, así como en la inadecuada provisión de bienes públicos (infraestructura, acceso a los mercados, investigación y extensión). Mientras que la gran propiedad subutiliza en ganadería extensiva la tierra con vocación agrícola, las pequeñas parcelas sobreutilizan en agricultura de subsistencia tierras que deberían estar dedicadas a actividades como conservación y provisión de servicios ambientales3.
La mayor parte de los recursos de inversión se ha destinado a los apoyos directos, y poco a actividades necesarias para la competitividad y sostenibilidad del sector: innovación, tecnología y fortalecimiento de la infraestructura de comercialización y gestión ambiental.
Perspectivas. El eventual fin del conflicto plantea retos para la gestión de la biodiversidad, al exponer regiones hasta ahora aisladas a procesos acelerados de transformación, para lo cual la estructura institucional no ha estado en condiciones de responder adecuadamente, constituyendo una amenaza.
Para el sector productivo, en términos de vocación y uso del suelo, se espera un incremento importante del área destinada a la agricultura y a la reforestación comercial, considerando que hay un potencial con vocación de 21,5 millones de hectáreas, de las que se usan cerca de 5 millones4-7. Es imprescindible ordenar esta transformación para que no sea a costa de la base natural y comprometa la provisión futura de servicios ecosistémicos.
Marco político e institucional. Durante los últimos veinte años se han realizado ajustes al marco institucional y jurídico del sector, impulsando procesos de descentralización administrativa, promoviendo instancias de participación ciudadana para la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo local y territorial y que buscan proteger la producción de alimentos y el acceso de los campesinos a la propiedad. La aplicación efectiva de este marco, contribuiría de manera importante a la conservación de la biodiversidad, sin embargo los avances son limitados. Más allá de la Constitución Política y la Ley de Reforma Agraria, el marco político favorece un modelo agrícola intensivo en insumos, limitado en la provisión de bienes públicos y enfocado a la producción comercial de gran escala, promueve, de manera indirecta procesos de deterioro y transformación de la biodiversidad y pérdida de capital natural.
