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Agricultura, gobernanza y biodiversidad

Hacia una transformación productiva de la agricultura

Jerónimo RodríguezInstituto Alexander von Humboldt
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Los esquemas de ocupación y uso del territorio y de la propiedad de la tierra son determinantes en la relación del sector con la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en Colombia

En Colombia coexisten dos tipos de agricultura. Una agricultura comercial que se ha consolidado, modernizando su estructura productiva, mejorando la productividad en tierras

de buena calidad, orientada a la agroindustria y a la exportación, y un sector de pequeños productores, intensivo en mano de obra, con frecuencia localizado en tierras de inferior calidad. El índice Gini de concentración de la propiedad rural en Colombia es de 0,88, de los más altos del mundo1. A pesar de esto, la agricultura de pequeña escala responde por cerca del 60% de la oferta nacional de alimentos.

Este patrón de tenencia de la tierra está íntimamente vinculado con los procesos de degradación de tierras2. Estudios del IGAC y CORPOICA, entre otros, indican que el problema central no se origina en la escasez absoluta de tierras de buena calidad, sino en el uso inadecuado de las tierras incorporadas a la frontera agrícola, así como en la inadecuada provisión de bienes públicos (infraestructura, acceso a los mercados, investigación y extensión). Mientras que la gran propiedad subutiliza en ganadería extensiva la tierra con vocación agrícola, las pequeñas parcelas sobreutilizan en agricultura de subsistencia tierras que deberían estar dedicadas a actividades como conservación y provisión de servicios ambientales3.

La mayor parte de los recursos de inversión se ha destinado a los apoyos directos, y poco a actividades necesarias para la competitividad y sostenibilidad del sector: innovación, tecnología y fortalecimiento de la infraestructura de comercialización y gestión ambiental.

Perspectivas. El eventual fin del conflicto plantea retos para la gestión de la biodiversidad, al exponer regiones hasta ahora aisladas a procesos acelerados de transformación, para lo cual la estructura institucional no ha estado en condiciones de responder adecuadamente, constituyendo una amenaza.

Para el sector productivo, en términos de vocación y uso del suelo, se espera un incremento importante del área destinada a la agricultura y a la reforestación comercial, considerando que hay un potencial con vocación de 21,5 millones de hectáreas, de las que se usan cerca de 5 millones4, 7. Es imprescindible ordenar esta transformación para que no sea a costa de la base natural y comprometa la provisión futura de servicios ecosistémicos.

Marco político e institucional. Durante los últimos veinte años se han realizado ajustes al marco institucional y jurídico del sector, impulsando procesos de descentralización administrativa, promoviendo instancias de participación ciudadana para la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo local y territorial y que buscan proteger la producción de alimentos y el acceso de los campesinos a la propiedad. La aplicación efectiva de este marco, contribuiría de manera importante a la conservación de la biodiversidad, sin embargo los avances son limitados. Más allá de la Constitución Política y la Ley de Reforma Agraria, el marco político favorece un modelo agrícola intensivo en insumos, limitado en la provisión de bienes públicos y enfocado a la producción comercial de gran escala, promueve, de manera indirecta procesos de deterioro y transformación de la biodiversidad y pérdida de capital natural.

El aumento en la competitividad depende del adecuado uso de la biodiversidad

El uso inadecuado de suelos y aguas y las malas prácticas como el monocultivo intensivo y el uso excesivo de agroquímicos, afectan de manera directa la rentabilidad de las explotaciones

agrícolas y la estructura de costos de producción de bienes agropecuarios, haciéndolo más vulnerable a plagas, eventos climáticos extremos y procesos de desertificación y degradación de tierras.

Los mercados internacionales son cada vez más exigentes en aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos y la protección de las fronteras contra la importación alimentos contaminados con diferentes tipos de sustancias, lo que obliga al uso racional de insumos de síntesis química y a la promoción de la agricultura orgánica.

La base ambiental constituye un banco de germoplasma y de recursos genéticos vegetales y animales cuyo potencial de uso es muy alto, lo cual incentiva los esfuerzos por conocer, aprovechar y proteger dicha base ambiental3.

En el centro del problema se encuentran incentivos de orden nacional que promueven la expansión de las pasturas: exenciones al impuesto predial que incentivan una agricultura que no tiene en cuenta la sobreutilización de la tierra, mientras que los créditos agropecuarios y otros instrumentos de política no incorporan consideraciones de sostenibilidad en sus criterios9.

Se destaca la presencia de sistemas de producción y ocupación del territorio que no siempre consideran los aspectos sociales, culturales o ambientales adecuadamente (Ley 160 de 1994)7, 10, resultando en una estructura productiva fragmentada que hace uso ineficiente de recursos como suelo y agua, con derechos de propiedad mal definidos, ineficiente y generadora de conflictos sociales, económicos y ambientales7.

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