Si bien los lineamientos de la gestión ambiental urbana en Colombia han alertado sobre la importancia de reconocer la relación entre el hecho urbano y su entorno inmediato, en términos normativos, las autoridades ambientales urbanas y las corporaciones autónomas regionales tienen alcances limitados para implementar soluciones integrales que superen enfoques sectoriales (vivienda, transporte, energía), o en otros casos, que trasciendan la visión estrictamente local del medio ambiente urbano.
Los análisis sobre las problemáticas del desarrollo urbano del país han identificado como causa estructural, la debilidad en el ordenamiento del territorio en los niveles local y regional. Si bien teóricamente se ha avanzado, o mejor, ampliado la definición del medio ambiente urbano, aún no es clara la viabilidad de implementar un esquema de gobernanza urbano-regional.
Análisis. Entre los diferentes paradigmas que han orientado la gestión territorial en Colombia y con ello la planificación urbana, cabe mencionar en primera medida la transición a una planificación descentralizada iniciando la década del noventa. Esta tendencia implicó el abandono de instrumentos que habían soportado la política territorial pues imperó la premisa de que el desarrollo urbano era un asunto exclusivo de las ciudades. Posteriormente, en la década de 2000, objetivos relacionados con la cobertura de servicios públicos y erradicación de la pobreza fueron los protagonistas de las agendas municipales. En 2006 se formalizó el ejercicio de Ciudades Amables en donde el enfoque regional no fue prioridad.
Perspectivas. En los últimos años el gobierno ha manifestado su interés aumentar los esfuerzos hacia y desde las regiones, así como los relacionados con los esquemas asociativos en el territorio1. Lo anterior permitiría reivindicar aspectos esenciales de la Ley de Desarrollo Territorial de 1997 como el énfasis en los elementos ambientales que soportan el territorio, el principio de la función pública y ecológica de la propiedad del suelo y la descentralización de la toma de decisiones de ordenamiento territorial, de mano de procesos participativos. Así, las decisiones de ciudad podrían encontrar un suelo fértil en esquemas e instrumentos más operativos, en beneficio de una verdadera planeación urbano-regional.
