Los ecosistemas suministran los servicios ecosistémicos básicos para el bienestar humano. En tal medida, conocer cuál es su situación es relevante para la sociedad en general. Si los ecosistemas se encuentran seriamente transformados o degradados, las condiciones de vida de las comunidades que se benefician de ellos y el logro de las metas de desarrollo del país se verán afectados1.
Con el propósito de evaluar el estado de amenaza de los ecosistemas y de apoyar los procesos de toma de decisiones y gestión, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través de la Comisión de Manejo Ecosistémico, diseñó una metodología que permite evaluar el riesgo de colapso de los ecosistemas de forma cuantitativa y estandarizada a nivel mundial2. El resultado es la Lista Roja de Ecosistemas (LRE), una herramienta orientada a evaluar riesgos, detectar amenazas y alertas tempranas, priorizar áreas de conservación, identificar prioridades de restauración ecológica y monitorear el cambio climático. Los criterios utilizados en la evaluación incluyen la reducción en la distribución geográfica (criterios A, B) y la degradación de procesos esenciales y de los componentes bióticos (criterios C y D); de esta forma la clasificación de los ecosistemas obedece a categorías similares a las de la Lista Roja de Especies.
Esta primera aplicación nacional de la LRE se realiza sobre la base de un mapa de ecosistemas potenciales, que distingue 81 ecosistemas terrestres3. La evaluación reveló que alrededor del 50% de los tipos de ecosistemas identificados para el país se encuentran en categorías de riesgo, ya sea en estado crítico (CR) o en peligro (EN), siendo el criterio de reducción de área (A) el aspecto dominante en su categorización. Las causas de reducción de área más importantes incluyeron la expansión de la frontera agrícola y la escasa conservación de los remanentes de los ecosistemas originales en los mosaicos de los paisajes rurales y urbanos del país. Así mismo, las regiones más afectadas fueron el Caribe y los Andes, y se prevé que otras amenazas, tales como el cambio climático tendrán un mayor efecto en estas mismas regiones, debido a la disminución en la disponibilidad de agua y al efecto de este fenómeno sobre los procesos bióticos analizados1.
Esta primera evaluación aporta nuevos elementos que deben ser considerados en la política pública, pues identifica ecosistemas en serias condiciones de riesgo y que, por lo tanto, requieren acciones inmediatas de gestión. Por otro lado, abre una nueva ventana de oportunidades de investigación y de revisión permanente de la información disponible, con base en los criterios e indicadores establecidos por la metodología de la LRE. En tal sentido, es importante consolidar un proceso nacional de actualización periódica, promoviendo alianzas entre instituciones gubernamentales e institutos de investigación, con miras a continuar fortaleciendo y desarrollando la iniciativa.
