las políticas sectoriales y asimile la noción de biodiversidad como soporte del desarrollo socioeconómico.La gestión del patrimonio natural de un país suele presentar grandes retos. En Colombia, las tendencias internacionales han impulsado la institucionalidad ambiental, al punto que en el marco de la Cumbre de Río de 1992 el país fortaleció las estructuras legales, financieras e institucionales suficientemente sólidas como para mejorar la gestión y el manejo de sus recursos naturales1.
En los años 90 el país vivió un impulso ambientalista que influyó en todos los sectores de la sociedad e incidió tanto en la redacción de la Constitución Política de 1991 como en el establecimiento de un novedoso mecanismo de gestión denominado del Sistema Nacional Ambiental (SINA). No obstante, el ímpetu cesó en las décadas siguientes debido, entre otros factores, al establecimiento de planes de desarrollo que no articularon las necesidades de conservación con las de crecimiento económico. En consecuencia, la mitigación de impactos y el mejoramiento de la calidad ambiental quedaron relegados, de nuevo, a un papel menor en las políticas públicas2.
En contraste, el posicionamiento internacional de Colombia en temas ambientales durante el nuevo milenio ofreció alternativas para abordar el problema de la debilidad institucional. La participación del país en la Cumbre de Río; los Acuerdos Multialterales Ambientales (MEA), entre ellos el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y sus protocolos; la Convención Marco sobre Cambio Climático, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención Ramsar; la Comisión de Desarrollo Sostenible y Río+20, entre otras, le permitió incorporar prioridades nacionales en la agenda internacional y hacer al Estado responsable de incluirlas en sus políticas, planes y programas. A su vez, se dio un acceso más frecuente a la cooperación internacional como mecanismo de financiación para cumplir las obligaciones adquiridas.
Gracias, en buena medida, a la agenda y cooperación internacional, en el 2012 el Gobierno expidió la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), en consonancia con las Metas Aichi del CDB, y actualmente se encuentra en la formulación, adopción y desarrollo de su Plan de Acción Nacional. Adicionalmente, siguiendo los compromisos mundiales alrededor del cámbio climático se han establecido arreglos institucionales y financieros nacionales como un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), para hacerle frente4 a este fenómeno que está reconocido como uno de los motores de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Así mismo, debido en parte a las nuevas exigencias internacionales y a que los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)5 para aceptar a Colombia entre sus miembros así lo exigían, en 2010 el país reconoció, nuevamente, la necesidad de establecer un modelo económico basado en el desarrollo sostenible. Como resultado, los dos últimos planes nacionales de
El reto para el Gobierno colombiano es fortalecer procesos para generar una mayor coherencia institucional entre sus políticas económicas y ambientales, con miras a darle un manejo sostenible a la biodiversidad en pro del bienestar humano. Esto, en el marco del posconflicto, plantea nuevos desafíos en la gestión integral de la biodiversidad que debe afrontar transformaciones profundas en el territorio y sus dinámicas socioecológicas7.
