En Colombia los procesos de degradación y transformación han afectado la biodiversidad y la oferta y calidad de los servicios ecosistémicos1, a tal nivel
que la preocupación por el tema ha trascendido el sector ambiental y alcanzado las políticas nacionales e internacionales. En este escenario, es necesario adoptar medidas complementarias a la conservación para la gestión integral de los recursos naturales. Una de ellas es la restauración ecológica, es decir, el proceso de asistir o ayudar al restablecimiento estructural y funcional de un ecosistema degradado, dañado o destruido, partiendo de conocimiento previo y del potencial natural de recuperación del mismo ecosistema2,3. Colombia tiene una trayectoria de 50 años en restauración ecológica y continúa incluyendo esta estrategia entre su portafolio de manejo de los recursos naturales. Prueba de ello son el fuerte incremento de proyectos y publicaciones sobre el tema desde los años noventa y el reciente compromiso con la Iniciativa Latinoamericana 20x20, la cual planteó la meta de restaurar 20 millones de hectáreas en la región para el año 2020, con objetivos tan ambiciosos como los 3,2 millones de hectáreas proyectados para Perú y un millón de hectáreas para Colombia4. Además de recuperar ecosistemas degradados, estos retos son una oportunidad para fortalecer la práctica de la restauración, pues permiten enriquecer el marco conceptual, avanzar en nuevas técnicas y consolidar redes de colaboración entre países.
A pesar de las iniciativas firmadas, programas implementados e inversiones realizadas a nivel nacional, se estima que el número de hectáreas restauradas no ha sido suficiente como para cumplir las metas o para compensar la tasa de deforestación. Por otra parte, la práctica de restauración está actualmente impulsada por el Gobierno, el sector privado y las ONG, pero desvinculada de la Academia5 y las comunidades, hecho que genera una gran dispersión conceptual y un sinnúmero de vacíos de información en ecosistemas de bosques secos, humedales y sabanas, así como una ausencia de arraigo del proceso entre la población6.
La cartografía nacional, basada en parámetros biofísicos, indica que las zonas prioritarias para restauración son las regiones andina y Caribe. Sin embargo, para afinar dichos esfuerzos es necesario aumentar el conocimiento sobre la ecología de ecosistemas alterados, las características intrínsecas de las especies, las condiciones territoriales y la tenencia de tierra, así como de la disponibilidad de recursos por parte de las entidades responsables. Así mismo, aunque hay avances importantes con redes como la Sociedad Iberoamericana de Restauración Ecológica y la Red Colombiana de Restauración, y el país cuenta con un Plan de Restauración5, se deben hacer esfuerzos adicionales para fortalecer las política donde el tema de restauración sea vinculante.