La firma de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que pretenden ponerle fin al conflicto armado, cambia significativamente tanto el contexto como las condiciones de manejo de una gran extensión del territorio nacional y sus valores de biodiversidad. Se les debe prestar especial atención a las zonas priorizadas en la implementación de acciones que consoliden los acuerdos y a aquellas áreas que puedan resultar afectadas por los cambios político-económicos que sobrevendrán durante el proceso de la consolidación de la paz.
A la fecha, no existe información oficial pública que precise las áreas prioritarias para el posconflicto. No obstante, existen algunas propuestas, tales como los documentos Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia, publicado a finales del 20141 y elaborado por el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la GIZ, y Lo que hemos ganado, publicado en 2015 por la Fundación Paz y Reconciliación2. La presente aproximación descriptiva consideró la totalidad de municipios citada en estas fuentes, es decir, 298 municipios, que fueron considerados como “priorizados” para efectos de este ejercicio y cuyas coberturas fueron objeto de un análisis exploratorio.
Debido a que la información oficial de registros biológicos no es homogénea, y a que existen zonas del país en donde el esfuerzo de captura de datos ha sido muy escaso, se decidió explorar los municipios priorizados con base en información de coberturas de bosques naturales y de ecosistemas de alto interés tales como los páramos y los humedales. Esta primera aproximación permite tener una idea preliminar de las condiciones de estos territorios y desarrollar hipótesis de trabajo que den lugar a indagaciones más detalladas y líneas de investigación futuras.
Los 298 municipios en cuestión poseen importantes áreas con cobertura de bosque natural, así como ecosistemas de páramos y humedales que deben ser protegidos e intervenidos si se desea mantener su integridad ecológica y su capacidad de brindar beneficios a la sociedad a largo plazo. En tal medida, las acciones que se lleven a cabo en estas áreas deben garantizar la conservación de las mismas, así como minimizar su vulnerabilidad y evitar su transformación. De lo contrario, esto implicaría un deterioro en la composición, estructura o función de los ecosistemas, resultado que tendría un impacto directo en las especies y en los servicios ecosistémicos que estas proveen.
La posibilidad de avanzar en la construcción de un país sin confrontación política armada abre la posibilidad de consolidar formas sostenibles de relacionamiento con valiosos ecosistemas que soportan la economía y el bienestar social. De esta manera, la construcción de la paz requiere fortalecer acuerdos sociales e instituciones renovadas, que protejan el patrimonio ecológico del país, que impulsen economías regionales sostenibles y que garanticen los derechos fundamentales de las personas.
Es necesario implementar nuevas estrategias de gestión del conocimiento que contemplen los avances de la Academia y los aportes de otros sistemas de conocimiento (tradicional, indígena o local), con miras a promover comunidades de práctica y aprendizaje capaces de orientar cambios, de hacer frente a situaciones inesperadas, de disminuir la vulnerabilidad y de incrementar la resiliencia socioecológica de aquellos territorios donde tendrán lugar acciones para la consolidación de una paz sostenible. La construcción de esta paz requiere territorios saludables y resilientes, una economía para la vida acorde con las características ecológicas de las regiones, un diálogo permanente y una visión de largo plazo.
