Los recursos de cooperación internacional (CI) son de gran importancia para Colombia ya que dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 2010-2014 y 2014-2018 se definió el "Posicionamiento Internacional" como un pilar estratégico para el cumplimiento de sus metas. En este sentido, la cooperación internacional ha sido fundamental para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (Gibse), siendo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) la principal fuente de recursos destinados a esta temática. Aunque la cooperación internacional ha jugado un papel importante en la búsqueda del crecimiento sostenible y desarrollo regional y social integral, actualmente el país ha sido clasificado por el Comité de Asistencia al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Banco Mundial como país de renta media alta, situación que supone un reto para la movilización de recursos financieros de esta fuente. No obstante, Colombia sigue siendo un receptor importante de recursos de la AOD debido a factores como la inequidad, la degradación ambiental2 y el conflicto armado3, entre otros.
En Colombia, la cooperación internacional no representa más del 0,4 % del total del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, la inversión nacional en temas ambientales es aproximadamente del 0,5 % del PIB4, situación que convierte a la cooperación internacional en un elemento estructural para el fortalecimiento de la gestión del sector. Lo que se evidencia en el hecho de que la CI ha significado el 25 % del presupuesto del sector ambiental5, resaltando el interés de la CI en esta temática y una clara señal de la necesidad de robustecer su presupuesto.
De otra parte, los mandatos de los PND en relación con los temas ambientales han ido evolucionando, pasando de unos enfoques altamente extractivistas hacia una mayor afinidad al paradigma del desarrollo sostenible. Esto implica que, la formulación de evaluaciones ambientales estratégicas, para planificar y ordenar las actividades productivas asociadas a las locomotoras del crecimiento se conviertan en instrumentos fundamentales de la toma de decisiones y ordenamiento del territorio. Este nuevo enfoque presupone metas ambiciosas que necesitan asignaciones presupuestales más allá de lo que actualmente el Estado invierte en el sector ambiental y en donde los aportes de la cooperación internacional continúan siendo especialmente relevantes. El reto es entonces, planificar de manera coherente y estratégica la inversión, en aquellas zonas donde los problemas sociaoambientales son apremiantes y donde los incentivos para la inversión privada están limitados6.