La expansión de cultivos de uso ilícito, particularmente los cultivos de coca en Colombia, ha sido un motor importante de transformación de ecosistemas y afectación de servicios ecosistémicos en las últimas décadas1. Sumado a los problemas sociales y económicos que se derivan por la relación estrecha de este tipo de cultivos con el conflicto armado y el narcotráfico, los cultivos de coca también afectan significativamente a los ecosistemas en los que se encuentran y la biodiversidad que ellos albergan. Esto ocurre debido a la transformación de coberturas naturales (tala de bosques) para la siembra y expansión de cultivos de coca.1,2,3,4.
Entre 2001 y 2012 se evidenció una tendencia decreciente en los cultivos de uso ilícito, explicada en parte por la política de aspersión aérea. Sin embargo, esta disminución del área total cultivada para estos años se tradujo en un desplazamiento de los cultivos a otras zonas de importancia en biodiversidad que generaron nuevos focos durante el periodo 2012 y 2016, afectando ecosistemas estratégicos así como a la población vulnerable de regiones como la del Pacífico4,5,6,7. Después de 2012 se evidenció un aumento de los cultivos hasta alcanzar un máximo de 146 000 ha en 20168, con nuevas áreas de cultivo en la zona central y en Putumayo-Caquetá.
Al analizar el impacto de los cultivos de coca sobre los ecosistemas, se evidencia que la región con mayor impacto sobre sus biomas fue la región del Pacífico (57 778 ha en biomas afectados), seguida por la región central (40 527 ha) siendo el zonobioma húmedo tropical en el departamento de Nariño el más afectado.
El aumento de cultivos de coca entre 2012 y 2016 implica que debe trabajarse en la solución de las causas estructurales de esta problemática en las regiones (debilidad institucional, bajo capital social, ausencia de procesos de largo plazo de desarrollo rural, presencia de grupos armados ilegales6,9,10. Aunque la aspersión aérea sigue planteándose como una salida, difícilmente se puede tener una solución sostenible si no se vincula la realidad local y la generación de un proceso a largo plazo de gestión integral que incluya toda la complejidad de estos territorios.
Dado lo anterior, se requieren cambios en la política tradicional antidrogas. En este sentido, la aspersión aérea, aunque puede generar un efecto inicial de disminución, realmente no representa una solución estructural. Un nuevo enfoque de esta política debería estar direccionado hacia desarrollos que tengan mucho más en cuenta los contextos locales y la construcción colectiva e incluyente con las comunidades, en busca de fortalecer capacidades existentes y generar oportunidades en los territorios cocaleros10.
