Los paisajes rurales son escenarios fundamentales para el manejo, uso y conservación de la biodiversidad1, y en ellos se desarrollan modos de vida sustentados en actividades productivas agropecuarias y, en menor medida, la agroindustria, desarrollos mineroenergéticos, turismo, conservación de la naturaleza, entre otras. Los distintos usos evidencian la diversidad inmersa en la ruralidad colombiana, expresada en modos de vida que implican relaciones particulares con el entorno, con formas de organización social específica y regímenes normativos diferenciales que determinan el uso del territorio y su biodiversidad. Adicionalmente, el establecimiento de mosaicos productivos ha sido posibilitado por las características del territorio colombiano y la variedad de climas y topografías.
La población rural y sus múltiples modos de vida, las organizaciones campesinas, los cabildos indígenas, los consejos comunitarios, las cooperativas de productores de alimentos, las asociaciones gremiales de pescadores, los mineros y productores, entre otros, casi siempre tienen un amplio conocimiento local de los ecosistemas y su funcionamiento. Además, tienen una alta incidencia en la toma de decisiones en los territorios rurales a escala local y regional, convirtiéndose así en una oportunidad de gestión más sostenible de los territorios rurales.
La población rural es del 30 % del total en país y los territorios rurales ocupan el 93 % del territorio colombiano2, no obstante, algunos autores3 identifican una tendencia a la disminución en los últimos 50 años de la participación de los campesinos en la producción agrícola4, lo cual indica por un lado una reducción de la producción de origen campesino pero también un crecimiento de otros renglones agrícolas no campesinos como forestales y biocombustibles4. En general, el sector agropecuario ha ido perdiendo participación en el PIB nacional2 y si bien los indicadores relacionados con pobreza muestran una disminución en los últimos 20 años, aún hoy cerca del 45 % de la población rural vive en condición de pobreza multidimensional5,6,7,8. Esta situación contrasta con el conocimiento que se tiene sobre las relaciones multidireccionales que sostienen estos pobladores y sus sistemas de producción con los ecosistemas y la biodiversidad, así como las prácticas y formas locales de manejo de tal biodiversidad y el papel de esta como sustento del bienestar humano. En este sentido, la existencia de conflictos ha suscitado el interés por ampliar espacios de diálogo y comprensión de saberes como es el caso de la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e instituciones para la formulación y gestión de la política pública participativa para la solución de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Bajo este escenario, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una herramienta crucial que permite articular los esfuerzos de las organizaciones sociales, las instituciones públicas y la cooperación internacional, en contextos de gobernanza ya fortalecidos, para alcanzar un manejo sostenible del territorio, sus ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Las ZRC permiten una gestión territorial de forma colectiva y es la única que tiene el propósito de controlar la expansión de la frontera agropecuaria del país13 y crear las condiciones para la consolidación, estabilización y desarrollo sostenible de la economía campesina. Es decir que surgen como una posibilidad multiobjetivo relacionada con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la sostenibilidad en la provisión de servicios ecosistémicos y el mejoramiento del bienestar humano.
Aunque se viene avanzando en el proceso de consolidación de la figura de ZRC, desde su nacimiento con las movilizaciones sociales en 1994, la expedición de la Ley 160 de 1994 y posterior reglamentación con el Decreto 1777 de 1996, son pocas (seis) las ZRC que se han constituido y el apoyo de las instituciones públicas ha sido muy limitado. Sin embargo, en el marco de los acuerdos de paz la figura ha recobrado importancia ya que sus objetivos sobre el ordenamiento territorial y la gestión pública se alinean con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, por su naturaleza, estas zonas tienen relación con áreas de especial importancia ecológica y en algunos casos se encuentran ubicadas en las áreas amortiguadoras de áreas protegidas10,11,12.
La incorporación de criterios explícitos de gestión de biodiversidad en el manejo de estas tierras, como el pago por servicios ambientales, el ordenamiento a escala del paisaje, la constitución de corredores ecológicos, la reconversión y diversificación productiva a escala adecuada, la restauración ecológica, el impulso a la producción sostenible y el manejo de ecosistemas de especial importancia, son una gran oportunidad para extender la gestión de la biodiversidad basada en los beneficios de la naturaleza para la sociedad. Por esto, es vital la articulación de las organizaciones que las constituyen con las instituciones públicas, con el fin de posicionar y consolidar estas y otras estrategias que contribuyan e incidan en la gestión compartida de los territorios. La existencia y posicionamiento de las reservas se refleja en la permanencia de población en los paisajes rurales pese a los contextos sociales y en la construcción de esquemas innovadores de gobernanza territorial. Para esto es importante impulsar agendas de reconocimiento y recuperación de saberes locales, así como de generación de nuevas tecnologías hacia la sostenibilidad.
La incorporación de criterios explícitos de gestión de biodiversidad en el manejo de estas tierras, como el pago por servicios ambientales, el ordenamiento a escala del paisaje, la constitución de corredores ecológicos, la reconversión y diversificación productiva a escala adecuada, la restauración ecológica, el impulso a la producción sostenible y el manejo de ecosistemas de especial importancia, son una gran oportunidad para extender la gestión de la biodiversidad basada en los beneficios de la naturaleza para la sociedad. Por esto, es vital la articulación de las organizaciones que las constituyen con las instituciones públicas, con el fin de posicionar y consolidar estas y otras estrategias que contribuyan e incidan en la gestión compartida de los territorios. La existencia y posicionamiento de las reservas se refleja en la permanencia de población en los paisajes rurales pese a los contextos sociales y en la construcción de esquemas innovadores de gobernanza territorial. Para esto es importante impulsar agendas de reconocimiento y recuperación de saberes locales, así como de generación de nuevas tecnologías hacia la sostenibilidad.
