Además de sus efectos socioeconómicos, se ha demostrado que los conflictos armados15 son uno de los impulsores más drásticos a nivel mundial de los cambios en el uso del suelo1-5 y que generan impactos ambientales que pueden durar varios años. El desplazamiento forzado, como uno de los principales efectos del conflicto armado interno, aumentó las presiones ambientales en los lugares de destino de la población y las redujo en su lugar de origen, debido principalmente a la construcción de nuevos asentamientos y a que las personas se vieron obligadas a intensificar el uso de los recursos forestales y a sustituir actividades agrícolas por la extracción legal o ilegal de combustibles fósiles y minerales6-8.
Aunque existe una tendencia mundial migratoria del campo a la ciudad por diferentes razones socioeconómicas, en Colombia, país con el mayor número de desplazados internos en el mundo para el 20179, este proceso se profundizó debido al conflicto armado interno y actualmente más del 77 % de la población vive en las cabeceras municipales10. El crecimiento acelerado y no planificado de estas áreas ocurre principalmente en las periferias, en muchos casos, en zonas de alto riesgo o con valores naturales estratégicos. Además de aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas, esta situación genera impactos negativos en términos ambientales, de urbanismo y calidad de vida de la población original y migrante11.
Se analizó la relación entre el desplazamiento forzado, la expansión urbana y los cambios en las coberturas de la tierra en las periferias de uno de municipios colombianos más afectado por el conflicto armado en el país, para dos períodos: el primer periodo -2002 y 2008- se da después de la consolidación paramilitar, (entre 1996 y 2002) en el que se reportó gran número de ataques a la población civil y que marcó los niveles más altos de desplazamiento forzado en la historia de Colombia13. El segundo periodo -2012 y 2018- se enmarca en el inicio de los diálogos de Paz, la firma del Acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP y el post acuerdo. A partir del análisis de los datos de número de personas desplazadas por año y municipio de expulsión, recepción y declaración19 se encontró una relación directa entre las personas expulsadas de las áreas rurales y los migrantes recibidos en las capitales y un aumento de los valores para el periodo pre en el que se reportaron mayores eventos de violencia. Durante este mismo periodo se aumentaron las coberturas de las zonas urbanas (principalmente el tejido urbano discontinuo en un 170 %) y se reportó una disminución en la cobertura forestal (6,8 %).
Aunque la expansión urbana responde a dinámicas complejas y sus consecuencias aún se discuten12, generalmente ocasiona cambios drásticos y acelerados en la cobertura del suelo y fragmentación de los ecosistemas13,14. Para el caso del municipio de Florencia en el departamento de Caquetá, se encontró una transformación de las áreas de bosque y vegetación secundaria hacia coberturas de pastos, tejido urbano y suelo descubierto en el periodo. Lo anterior establece una relación directa entre el desplazamiento forzado, el crecimiento urbano y la pérdida de bosque.
Es necesario ampliar los análisis a otros municipios para generar estrategias de gestión y planificación del territorio, que contribuyan a minimizar los impactos socioambientales de este fenómeno, especialmente en contextos en los que la presencia del Estado es débil, las amenazas a la biodiversidad son altas y existen probabilidades de que los conflictos se profundicen. Reconocer que la degradación ambiental compromete la provisión de servicios ecosistémicos tanto para la población migrante como para las personas que habitaban estas áreas urbanas originalmente es apremiante.
