El conflicto armado ha generado profundas transformaciones en el tejido social, las dinámicas productivas y los ecosistemas del Caribe colombiano. Según la FAO, este fenómeno ha afectado especialmente a las comunidades rurales, provocando desplazamientos forzados, despojo de tierras, dificultades para la producción de alimentos y la pérdida de sus medios de vida1. El corregimiento de San Isidro, en el municipio de Carmen de Bolívar (Montes de María), es un ejemplo no solo de los impactos socioambientales de la guerra, sino también de la capacidad de organización comunitaria frente a sus consecuencias.
Esta comunidad, hoy compuesta por poco más de 2300 personas, tuvo que enfrentar cambios significativos en el uso del suelo tras el desplazamiento forzado. Al retornar, los habitantes de San Isidro llegaron a espacios reconfigurados. En términos simbólicos, el territorio se asoció a sentimientos de tristeza, descuido y dolor como resultado de la violencia. Y en términos físicos y ambientales, ecosistemas como el bosque seco se vieron profundamente afectados por décadas de transformaciones, exacerbadas por la adopción de modelos extensivos impuestos tanto por actores armados como por bonanzas económicas. Estos procesos de conversión de tierras generaron una degradación ambiental notoria y una reducción importante de los caudales de agua, alterando la disponibilidad de este recurso.
La Asociación de Mujeres Unidas de San Isidro (AMUSI) surgió como una respuesta a esta situación y ha desempeñado un papel fundamental en la reconstrucción del corregimiento a partir de una economía agrícola más sostenible e inclusiva. Desafiando los roles tradicionales de género, las mujeres de la asociación comenzaron a sembrar ñame —una labor históricamente realizada por hombres— con el objetivo de reducir el hambre de sus familias. Al mismo tiempo, para enfrentar la pérdida de fuentes hídricas por el fenómeno de El Niño, iniciaron procesos de restauración ecológica del bosque seco mediante viveros, contribuyendo así a la recuperación ambiental de este ecosistema y a la consolidación de una OMEC de treinta hectáreas. AMUSI también promovió espacios de formación en derechos humanos, consolidándose como un referente en la reconstrucción del tejido social y ambiental desde un enfoque socioecológico.
La comunidad de San Isidro es uno de los miles de casos del país donde la recuperación de territorios afectados por el conflicto armado requiere soluciones que reconozcan la interdependencia entre aspectos sociales, ecológicos, económicos y culturales por medio de enfoques integrales. Esta experiencia demuestra la importancia de articular los saberes locales con la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de los roles que desempeñan las mujeres en la vida comunitaria, especialmente en la generación de alternativas sostenibles para restaurar no solo el bosque, sino también la vida después de la guerra.