Colombia se ha esforzado por implementar Áreas protegidas (AP) como una de las principales estrategias para la conservación de la biodiversidad. Las AP se articulan en los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Sirap), que, a su vez, integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Este último incluye una variada, aunque insuficiente, lista de categorías, actores sociales e institucionales, sistemas de gobernanza y objetivos de conservación. Actualmente, el país está próximo a cumplir la Meta Aichi 111 fijada por el Convenio de Diversidad Biológica, protegiendo el 13,71% del territorio continental y el 8,4% del área marina e insular1. Sin embargo, es evidente que el actual sistema resulta insuficiente, puesto que tanto el país como el mundo entero siguen perdiendo biodiversidad.
Según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), el SINAP está compuesto por 640 áreas –fecha de corte: agosto de 2015–. Aquellas que corresponden al Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) son las de mayor extensión, mientras que las que corresponden a Reservas Naturales de la Sociedad Civil son más numerosas. Históricamente, si bien Colombia ha incrementado el número y la extensión de AP, es importante analizar si las declaraciones de las mismas han conllevado a aumentos correspondientes de la representatividad ecosistémica y se han realizado en las áreas más estratégicas, conforme con lo dispuesto en el documento del CONPES 3680. Una somera evaluación histórica muestra que estas recomendaciones solo han sido recientemente consideradas para el caso del SPNN y son parcialmente ciertas para las AP regionales a debido que este CONPES no incluyó las prioridades definidas por las regiones, de modo que sus declaratorias responden a diversos intereses. Con respecto a las Reservas de la Sociedad Civil, este aspecto ha sido poco considerado, teniendo en cuenta que aportan sobre todo a la valoración social de la biodiversidad.
La declaratoria en sitios estratégicos debe estar acompañada por el fortalecimiento de otros elementos de los sistemas tales como la conectividad, la integración sectorial y el manejo, la gestión y la implementación de diferentes formas de gobernanza. Así mismo, debe ir de la mano de nuevas y más innovadoras formas de conservación, encaminadas a cumplir todos los elementos considerados por la Meta Aichi 11. Las AP siguen siendo reconocidas como una estrategia clave a nivel mundial para conservar la biodiversidad. Sin embargo, cabe preguntarse hasta dónde es posible y conveniente aumentar el número de estas áreas en Colombia. Por ejemplo, a pesar de sus considerables niveles de transformación, las AP regionales tienen gran potencial en regiones con ecosistemas mal representados tales como el del bosque seco; en contraste, las AP nacionale, tienen un campo de acción más restringido debido a la falta de flexibilidad normativa que dificulta conciliar con los intereses de otros sectores.
En suma, la compleja tarea de conservar la biodiversidad, sobre todo de cara a un escenario de cambio climático y de posconflicto, exige un compromiso permanente y articulado de parte del Gobierno, la Academia y la sociedad civil. En tal sentido, es hora de reevaluar los paradigmas propios de las figuras de conservación y de las formas de gobernanza, de impulsar estrategias innovadoras y de dejar atrás marcos normativos estrechos e inflexibles. En un mundo cambiante, las estrategias de conservación también deben adaptarse.
