Proponer una nueva estrategia de gestión para territorios rurales en Colombia puede parecer un ejercicio redundante debido a la existencia de muchas otras figuras de conservación. Sin embargo, no son muchas las figuras que responden a los desafíos que representa la gestión de recursos fluviales. El “río protegido”1 es una oportunidad para promover un modelo de ocupación y gestión antes de que ocurra una transformación severa de los ecosistemas, con potencial de constituirse en una medida alternativa de conservación basada en el territorio, según la Meta Aichi 11. Esta figura aporta elementos para la conservación en un territorio abierto a la transformación, generando un equilibrio entre el bienestar humano y la integridad del sistema ecológico tierra-agua, a través de un sistema de gobernanza que contempla la conexión entre los sistemas biofísicos y sociales.
Los ríos como sistemas pueden ser comprendidos y abordados de múltiples formas. Constituyen elementos articuladores del territorio ya que son un lugar de encuentro para las distintas actividades cotidianas de las comunidades y, por lo tanto, moldean los patrones de ocupación y uso. Los servicios ecosistémicos y beneficios que proveen los ríos son de diversa índole: agua potable para irrigación y usos industriales, alimento, transporte, eliminación de residuos, recreación, yacimientos de diversos materiales, generación eléctrica, entre muchos otros.
A pesar de su valor, los ríos han sufrido procesos de transformación tan profundos que dinámicas como los ciclos de las inundaciones y fluctuaciones han quedado completamente suprimidas o reducidas a una fracción de su estado original. En este sentido, la conexión entre los ríos y los hábitats asociados en su plano de inundación se ha perdido, aislando el cuerpo del río de su cuenca original. Como consecuencia, las intervenciones humanas han causado la pérdida neta de biodiversidad, disminución en la riqueza en recursos hidrobiológicos, menor conectividad de los paisajes y pérdida de las funcionalidades ecológicas. La gestión del recurso hídrico requiere de un enfoque interdisciplinar, implementado por tomadores de decisiones y administradores bien informados que consideren los aspectos sociales y tengan una visión a largo plazo.
Aunque en Colombia la conservación casi siempre inicia con la declaración legal de una área protegida usualmente excluyente de la actividad humana, en la primera etapa de este proceso muchos actores vieron con preocupación la formulación de restricciones. La falta de una definición jurídica del cómo determinar ambientalmente el ordenamiento y el carácter voluntario del proceso, hace que el “río protegido” no sea visto con confianza por las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (Sina). Por este motivo, el proceso ha puesto énfasis en el entendimiento y apropiación de un concepto de conservación inclusivo, logrando avances con un conjunto de actores locales dueños de los predios colindantes, entre ellos Amigos del Bita y la creación de una asociación de pescadores. Adicionalmente, la participación activa de instituciones científicas, como el Instituto Humboldt, hace posible la revisión de indicadores de integridad ecológica y social durante el proceso de transformación.
Dado que el proceso no es una experiencia en proceso, presenta un alto potencial de desarrollo y réplica en otras partes del país. La continuidad de esta iniciativa depende de la articulación coherente con instrumentos como el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica (pomca), con los planes de ordenamiento territorial y la utilización de instrumentos de gestión social.