En Colombia las áreas protegidas empezaron a declararse desde 1938 con el énfasis principal de proteger el recurso hídrico. Bajo esta lógica, los procedimientos para establecerlas estaban más relacionados con oportunidades prediales y con la voluntad política en torno al manejo del agua que con criterios de biodiversidad. Sin embargo, este enfoque de conservación ha cambiado con los años hacia apuestas de protección de ecosistemas y especies. Esta transición se ha hecho especialmente evidente a partir de la creación del Sistema Nacional Ambiental (Sina) en 1993 y la reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) en el 20101, tiempo en el cual también aumentaron las designaciones de áreas protegidas privadas.
Dicho cambio se explica en gran medida porque con la creación del Sina y la reglamentación del Sinap, se le dió la facultad a las corporaciones ambientales y a los propietarios privados de declarar y designar AP. Esto generó esfuerzos tanto para las regiones2 como para los institutos de investigación asociados al Sina, al tener que destinar recursos ya limitados para emitir conceptos técnicos sobre la pertinencia de las declaratorias de nuevas áreas protegidas regionales. Así mismo la sustentación del proceso ante los institutos de investigación también ha implicado un mayor rigor técnico en la priorización de elementos de la biodiversidad y mayor apropiación de la información generada por estos mismos institutos.
Como resultado de lo anterior se evidencia lo siguiente: 1. Desde 1993 hasta la fecha se ha multiplicado por lo menos en 13 veces el número de áreas protegidas bajo categorías que permiten uso sostenible, de las cuales más del 90 % son áreas protegidas regionales y locales; 2. Se ha configurado un sistema mejor conectado gracias a la contribución de las áreas protegidas regionales y privadas pues, aunque estas equivalen tan solo al 13 % de la extensión total del Sinap, explican más del 21 % de su conectividad; 3. Gracias a estas áreas subnacionales el sistema es más representativo ecológicamente, en especial para los ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares y bosques secos) pues estas áreas contribuyen significativamente a su protección.
Lo anterior implica que Colombia ha desarrollado una transición en el enfoque del concepto de conservación de la biodiversidad, incluyendo cada vez más, en la práctica, el uso sostenible como uno de los principios de la conservación. Esta migración conceptual se ve reflejada en el paso de áreas protegidas intangibles hacia las áreas de conservación con gobernanza comunitaria de los recursos naturales3 –sean estas áreas protegidas o estrategias complementarias de conservación4–. Aunque los avances han sido monitoreados y evidentes, aún hace falta avanzar en temas como la evaluación de efectividad del manejo, la conectividad y la representatividad de los biomas o ecorregiones.
