Aproximadamente 650 km del río Magdalena, desde Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza son navegables para el transporte de carga. Sin embargo cuando el caudal del río es mínimo no es posible una operación de navegación continua y segura. Históricamente, el río Magdalena ha sido sujeto de dragados para aumentar la profundidad de su lecho y permitir la navegación de embarcaciones, pero los costos son altos y es una medida de carácter temporal. El Estado
colombiano ha apoyado dicha actividad mediante la expedición del plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena documento CONPES 37581 y el documento de política sectorial Visión Colombia 2019 II Centenario, que identifica a los ríos como medios propicios para la reactivación del modo
de transporte de carga y mecanismo de conexión de poblaciones apartadas2.
Es evidente que cualquier intervención sobre el río tendrá una respuesta sobre la biodiversidad y los modos y medios de vida de las comunidades ribereñas. Teniendo en cuenta lo anterior se estableció un convenio entre Cormagdalena y el Instituto Humboldt para identificar los criterios técnicos y científicos sobre el estado actual de la biodiversidad y el recurso pesquero en el río Magdalena, además de su relación con las intervenciones previstas en el proyecto de recuperación de navegabilidad.
Este convenio aportó a la transición del enfoque clásico de ingeniería fluvial –que privilegiaba el transporte de carga frente a otros beneficios que el
río ofrece–, hacia un enfoque soportado en los sistemas sociecológicos, que considera los efectos acumulativos de múltiples intervenciones sobre el río y reconoce que existe un patrimonio valioso en la biodiversidad que se encuentra en el complejo río-ciénagas, también que las dinámicas hídricas condicionan la cultura anfibia de estos territorios.
Con el aporte de diferentes campos científicos y del conocimiento local (asociaciones de pescadores artesanales) se establecieron 98 áreas vulnerables
al conflicto pesca-navegabilidad que requieren una acción prioritaria a cargo de un esquema de Asociación Público Privada (APP) y se identificaron los
conflictos socioambientales asociados al uso de recursos pesqueros, que deberán ser afrontados previo al inicio de actividades del proyecto, así: 1.
Alteración de la distribución de la producción pesquera; 2. Cambios en el uso de los recursos pesqueros por parte de las comunidades; 3. Variación
en la distribución de los beneficios por efectos de la calidad del agua; 4. Transformación de la relación de apropiación de las comunidades pesqueras.
Adicionalmente, y como parte de la evauación del estado de la biodiversidad y su contribuciones3, se propuso una batería de 49 indicadores que harán
parte del plan de monitoreo un gradiente altitudinal (m.s.n.m.), que incluirá las planicies, ciénagas, caños, conexiones y al río, antes, durante y después de las intervenciones a realizar4.
Este monitoreo adaptativo ofrece a los tomadores de decisiones herramientas para el desarrollo de las intervenciones de manera que la coexistencia entre la navegabilidad y la pesca artesanal sean sostenibles. Es necesario desarrollar una comunicación asertiva con las comunidades ribereñas, la academia y los demás actores involucrados en la implementación del plan de monitoreo, esto permitirá dar respuesta en tiempos reales a las intervenciones por venir.