En los acuerdos de Kunming-Montreal1 Colombia adquirió el compromiso de conservar el 30 % de su territorio a 2030, lo que tradicionalmente ha significado el registro de áreas en alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP). No obstante, existen otras instancias de ordenamiento a nivel local, regional y nacional que, de forma complementaria, permitirían suponer que la meta del 30 % ya ha sido alcanzada y superada, incluso desde del siglo pasado.
En este sentido, un conjunto importante de áreas silvestres podría incluirse de manera diferenciada en las metas nacionales de conservación. Es importante recordar que las áreas silvestres constituyen dos terceras partes del territorio continentall2 y que solo el 21,3 % de ellas está declarado como área protegida, mientras que las áreas de gobernanza comunitaria y otras de gobernanza pública (resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, zonas de reserva campesina y reservas forestales de 1959) mantienen en conjunto un 50,5 % y que las áreas de gobernanza privada y no definida aportan el 28,2 % restante, muy por encima del aporte de las áreas silvestres en áreas protegidas.
Sin embargo, pretender que todas las iniciativas que conservan la biodiversidad se configuren como áreas protegidas no solo trae consigo problemáticas a nivel legall3, sino que puede generar o agudizar conflictos socioecológicos asociados a autonomías territoriales. Además, persiste la necesidad de conservar la biodiversidad no solo en las grandes áreas silvestres, sino enfocar esfuerzos, especialmente donde existen ecosistemas en riesgol4 y una huella humana alta5, ya que algunas de estas áreas transformadas son fundamentales para la conectividad y representatividad ecológica y la gestión de servicios ecosistémicos6.
Así, mediante la complementariedad con otros instrumentos diferenciados, se podría minimizar los conflictos socioambientales asociados con la conservación y maximizando los beneficios de la naturaleza para la gente, tanto de áreas silvestres como transformadas, propendiendo por la apuesta global de la naturaleza positiva, mediante la restauración como dimensión de la conservación.
Sin embargo, pese a alcanzar las metas de conservación más ambiciosas, la pérdida de biodiversidad aún es evidente en el contexto nacional7. Por ello, resulta necesario reevaluar el paradigma de la conservación mediante la declaración de áreas protegidas y, en cambio, enfocar esfuerzos en su gestión efectiva, equitativa y conectada a través de la complementariedad entre otras instancias de ordenamiento y conservación, garantizando la resiliencia de la biodiversidad en los territorios.
