Las decisiones cotidianas de los pobladores locales sobre el uso y manejo de los recursos naturales definen en buena medida el estado de conservación de la biodiversidad en nuestro país. Ejemplo de esto son el establecimiento de vedas de extracción de piangüa por parte de las mujeres del río Naya, que establecen alternativas de generación de ingresos; también la decisión de los campesinos de la serranía del Pinche de frenar la ampliación de cultivos ilícitos y la frontera agrícola, mediante estrategias de autocontrol comunitario y acuerdos de conservación; y las comunidades campesinas e indígenas en Nariño, que a través de sus Juntas de Acueducto y asociaciones deciden restaurar áreas y establecer conectividades con el bosque para garantizar la oferta de agua, así como fomentar la agrobiodiversidad. Estos son solo algunos casos que muestran cómo es en la realidad concreta de los territorios y de sus habitantes donde se determina el futuro de algunas de las áreas más biodiversas del mundo.
En Colombia, el 34 % de la superficie terrestre son territorios colectivos de comunidades indígenas y negras que conservan cerca del 50 % de los bosques naturales. Otro porcentaje de bosques naturales son manejadas por comunidades campesinas. Las comunidades locales poseen un extenso y valioso conocimiento tradicional sobre la diversidad de sus territorios, y han desarrollado prácticas de uso y producción sostenible que mantienen la oferta de los bienes y servicios de los cuales dependen. Sin embargo, en estas áreas se presentan conflictos y procesos de transformación sociales y ambientales asociados a modelos productivos extractivos y de alto impacto como la minería, sobreexplotación, pesquerías, turismo desordenado, deforestación, entre otros, así como muy poca y débil presencia estatal, que no solo afectan la biodiversidad sino que generan condiciones sociales y económicas desfavorables que ponen en riesgo a las poblaciones. Aunque muchas de estas situaciones se originan en factores y actores externos, también dependen de decisiones locales de uso y manejo, además de la capacidad de los pobladores y sus organizaciones para ordenar el territorio, organizarse para transformar estas amenazas y desarrollar alternativas viables de producción y conservación.
El PPD fue establecido por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, sigla en inglés) en 1992 y es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la actualidad se desarrolla en 125 países con miles de proyectos que han logrado demostrar que las acciones que llevan a cabo las comunidades pueden mantener el balance entre el cubrimiento de las necesidades humanas y las ambientales, y que las acciones locales tienen un impacto global.
En Colombia este programa inició su implementación en 2015, y a 2018 se han apoyado 168 proyectos formulados y ejecutados directamente por las organizaciones sociales y grupos de base comunitaria. Estos proyectos han aportado al 1. fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas, 2. desarrollo de propuestas y modelos de conservación y desarrollo sostenible a nivel local, 3. implementación de alternativas de producción sostenible y 4. Fortalecimiento de redes de organizaciones y establecimiento de alianzas institucionales. En el país el PPD es una gran oportunidad de gestión territorial comprometido con el proceso de construcción de paz, generando escenarios locales donde el uso y manejo sostenible de los recursos naturales propicien alternativas de vida sostenible y procesos de arraigo territorial.
