Ficha: 305 | 2022

Políticas basadas en incentivos para de control de la deforestación

Aprendizajes y recomendaciones

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La crisis ambiental que enfrenta actualmente la humanidad plantea nuevos abordajes de gestión integral a nivel local, principalmente en los países con mayores repercusiones ambientales y sociales. Estos abordajes deben incluir los derechos de las comunidades rurales y la conservación de la biodiversidad considerando la participación y la justicia ambiental, garantizando los derechos territoriales y fortaleciendo los sistemas de gobernanza.

El cambio climático se posiciona en la agenda de los organismos multilaterales, de gobiernos y de la sociedad como uno de los grandes retos que debe afrontar la humanidad. En países como Colombia implica compromisos para disminuir la deforestación, la toma de decisiones para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático y, por ende, conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ratifica la necesidad de detener la deforestación al ser un fenómeno asociado a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y destaca el papel de las selvas1 como importantes sumideros de estas emisiones. Por otro lado, las comunidades que habitan los bosques han ejercido una gobernanza ambiental fundamental para regular el uso de los bienes comunes naturales, pero sus derechos se han visto vulnerados y las políticas públicas no han logrado potenciar su rol en la conservación ambiental.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, Colombia se ha enfrentado con la compleja interrelación entre cambio climático, deforestación y derechos de las comunidades rurales en un escenario de crisis ambiental global y reconfiguración territorial de diferentes actores. El gobierno nacional y la cooperación internacional han invertido recursos en programas y proyectos como parte de la política pública sobre cambio climático, estrategias que no han cumplido con las metas de disminución de la deforestación. Durante el año 2020, el país perdió 171 685 ha, un incremento del 8 % con respecto al 2019, año en el cual la cifra de deforestación fue de 158 894 ha. La deforestación se concentró en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Antioquia2.

Dentro de las políticas públicas implementadas se encuentran las que están basadas en incentivos3, impulsadas por el Estado junto a las comunidades campesinas y que relacionan los acuerdos individuales y colectivos suscritos para generar ingresos adicionales por labores de conservación —Pagos por Servicios Ambientales, acuerdos de restauración ecológica participativa (establecidos entre Parques Nacionales Naturales y familias campesinas), procesos de reconversión productiva de la ganadería, sistemas de monitoreo comunitario y otras alternativas productivas—.

A partir de información suministrada por funcionarios y miembros de comunidades campesinas del noroccidente amazónico que han participado en proyectos de cooperación, se sugieren las siguientes recomendaciones a las políticas públicas:

  1. Estas políticas deben equilibrar las metas de control de la deforestación y cambio climático y los derechos de las comunidades campesinas, para lo cual deben considerar la seguridad de la tenencia de la tierra, el bienestar social y la conservación de la biodiversidad.
  2. Las políticas deben reconocer y articularse a espacios de incidencia comunitaria establecidos por organizaciones campesinas para establecer acuerdos que redunden en estrategias de conservación y bienestar social.
  3. Definir los alcances y las limitaciones presupuestarias y políticas de los proyectos para contener la deforestación apoyados con recursos de la cooperación internacional, ya que la deforestación como fenómeno estructural y multicausal trasciende las capacidades y los tiempos de los proyectos de la cooperación. En ningún caso estos pueden ni deben reemplazar la acción integral del Estado para garantizar derechos y conservar la naturaleza.
  4. Al ser la cooperación internacional una parte relevante en la financiación de la política pública ambiental, deben plantearse mecanismos más efectivos de rendición de cuentas, tomas de decisiones y claridades en los apoyos y acuerdos que a nivel de gobierno se suscriben para generar diálogos más honestos y transparentes que generen confianza en las comunidades rurales.
  5. Es fundamental que los proyectos para controlar la deforestación reconozcan y trabajen de manera conjunta con las organizaciones comunitarias locales. El desconocimiento de estas organizaciones puede conllevar tensiones en el tejido organizativo local y dificultades para el cumplimiento de las metas de no deforestación.
  6. Se recomienda que los programas y proyectos para controlar la deforestación sigan haciendo esta ejecución de recursos con las organizaciones locales, con el fin de lograr una mayor apropiación local y sostenibilidad de los componentes de los proyectos y fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades.
  7. Programas como REDD+, Pagos por Servicios Ambientales, Acuerdos de Restauración dentro de Áreas Protegidas, deben ser implementados con claridades necesarias y como parte de sistemas productivos que complementen y fortalezcan la economía campesina.
  8. Debido a que la deforestación es un fenómeno multiagente y multicausal, es fundamental que los proyectos de control de la deforestación fomenten espacios de gobernanza territorial, en donde los múltiples actores comunitarios, económicos estatales y de la cooperación relacionados con las dinámicas de la deforestación y las iniciativas para contenerla, puedan generar diálogos y una articulación de acciones conjuntas para responder a la deforestación de una manera mucho más integral.
25 Fichas relacionadas:

Marco normativo en Colombia sobre deforestación, cambio climático y derechos de las comunidades campesinas

  • 1994

    Ley 164 de 1994

    Colombia se adhiere a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

  • 2000

  • 2013

    Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

    El PNACC busca incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo así efectivamente la vulnerabilidad tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores productivos y aumentando la capacidad social, económica y ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos.

  • 2014

    Declaración de Nueva York sobre los Bosques

    Tiene el objetivo de reducir a la mitad la pérdida anual de bosques para 2020 y esforzarse para alcanzar la cero deforestación para 2030.

  • 2015

    Ley 1753 de 2015

    Colombia se compromete al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluye el ODS 13 Acción por el Clima.

    Declaración Conjunta de Intención de los gobiernos de Colombia gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido

    Contribuir a la reducción significativa de emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques en Colombia.

  • 2016

    Decreto 298 del 2 de febrero de 2016

    Se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático.

  • 2017

    Ley 1844 del 14 de julio de 2017

    Colombia se adhiere al Acuerdo de París de la CMNUCC que busca reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.

    Decreto 1257 del 25 de julio de 2017

    Se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (CICOD).

    Decreto 1655 del 10 octubre de 2017

    Se establece la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMB YC), que harán parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC).

  • 2018

    Ley 1931 del 27 de julio del 2018

    Establece las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero.

    Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) “Bosques Territorios de Vida”

    Abarcar integralmente la gobernanza forestal y hacer una apuesta de largo plazo para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible sustentado en los bosques naturales, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, garantizando los múltiples beneficios que significa el bosque en pie y aportando a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero.

    Sentencia 4360 de La Corte Suprema de Justicia.

    Se declara a la Amazonía como Sujetos de Derechos y se emiten órdenes a las instituciones estatales para controlar la deforestación.

    Acuerdo de Escazú (aun no ratificado por Colombia).

    Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras.

  • 2019

    Art 9. Ley 1963 DE 2019 / Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

    Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales asociados (CONALDEF).

    Pacto de Leticia por la Amazonía

    Se acuerdan 16 puntos entre los gobiernos de los países Amazónicos para conservar el bioma amazónico y hacer frente a la deforestación.

    Campaña Artemisa

    Estrategia militar para luchar contra la deforestación, a la protección de los océanos y su biodiversidad.

  • 2020

  • 2020

    CONPES 4021 Política Nacional Para el Control de la Deforestación y Gestión Sostenible de Los Bosques

    Brinda lineamientos de política para contrarrestar la deforestación y promover la gestión sostenible de los bosques. Busca articular y focalizar acciones previstas en otros instrumentos normativos relacionados a la deforestación y al cambio climático. Plantea cuatro líneas de acción: 1) Desarrollo de Alternativas Productivas Sostenibles. 2) Gestión Transectorial. 3) Legalidad y Control Territorial. 4) Monitoreo y Seguimiento.

Ilustración de paisaje deforestado

Proyecto Visión Amazonia / REM

Principales políticas públicas basadas en incentivos para el control de la deforestación en la Amazonia colombiana.

Objetivo: Pionero de la estrategia nacional de REDD+ para la Amazonía. Base como hoja de ruta para implementar La Declaración Conjunta de Intención.  Gran ‘sombrilla’ que cubre los distintos proyectos e iniciativas de conservación ambiental de la Amazonía.

Componentes:

  • Pilar 1. Mejora de la gobernanza forestal
  • Pilar 2. Desarrollo sectorial sostenible y planificación
  • Pilar 3. Desarrollo Agroambiental
  • Pilar 4. Gobernanza Ambiental de los Territorio Indígenas
  • Pilar 5. Actividades Habilitantes
Área de implementación: Caquetá, Putumayo, Guaviare y sur del departamento del Meta.
Estado: Implementación desde 2016.
Financiadores: Gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido.
Presupuesto 2016 - 2021: 100.000.000 USD

Implementadores:

  • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente)
  • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura)
  • Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)
  • Instituto SINCHI
  • Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
  • GIZ
  • Organizaciones campesinas e indígenas

Ambientes para la paz: vida digna y reconciliación

Principales políticas públicas basadas en incentivos para el control de la deforestación en la Amazonia colombiana.

Objetivo: Iniciativa con enfoque de reincorporación que impulsa actividades de formación, gobernanza ambiental y proyectos productivos con comunidades locales y población de excombatientes de la FARC-EP.

Componentes:

  • Visión compartida
  • Aprender haciendo
  • Medios de vida sostenibles
  • Resolución de conflictos socioambientales
  • Voces que se reconocen
Área de implementación: Caquetá, Meta y Guaviare.
Estado: Finalizó en 2021.
Financiadores: Gobierno de Noruega y Embajada Británica.
Presupuesto: 3.800.000 USD

Implementadores:

  • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente)
  • Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
  • Consejo Noruego de Refugiados (CNR)
  • Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz (FUCEPAZ)
  • Organizaciones comunitarias (cerca de 40)

Apoyo Presupuestario de Desarrollo Local Sostenible

Principales políticas públicas basadas en incentivos para el control de la deforestación en la Amazonia colombiana.

Objetivo: Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar negativamente los elementos naturales y culturales. Formulación política pública para la transformación de conflictos territoriales en áreas del SPNN. Construcción de escenarios de paz a través de pactos territoriales por la conservación y el buen vivir.

Componentes:

  • Acuerdos de restauración ecológica participativa con comunidades campesinas para solucionar conflictos por Uso, Ocupación y Tenencia.
Área de implementación: 28 PNNC - PNN Sierra de la Macarena, PNN Tinigua y PNN Cordillera de los Picachos.
Estado: Implementación desde 2015.
Financiadores: Unión Europea.
Presupuesto 2017-2019: 555.552.412 USD

Foto

Implementadores:

  • Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Espacios de incidencia comunitaria identificados por las comunidades

  • Gobernanza Ambiental para la Paz
  • Parques con campesinos
  • Zonificación Ambiental Participativa
  • Pago e incentivos para la preservación
  • Sustitución de cultivos de uso ilícito
  • Tratamiento diferencial sobre actividades productivas existentes
  • Fortalecimiento de los mecanismos y estructuras
  • Diagnóstico y caracterización socioambiental participativa
  • Regularización de la tenencia y propiedad
  • Alternativas productivas para el buen vivir
  • Revisión, construcción y actualización participativa de planes de manejo ambiental de las áreas objeto del acuerdo
  • Auditoría de control sobre los recursos destinados por el estado colombiano y la cooperación internacional para las áreas protegidas
  • Formalización de la infraestructura existente al interior de las áreas objeto del acuerdo

Más información

Referencias Cítese como
Ortiz Gallego, D., & Sánchez, S .A. 2022. Aprendizajes y recomendaciones de las políticas basadas en incentivos para el control de la deforestación. En: Moreno, L. A., & Andrade, G. I. (Eds.). Biodiversidad 2021. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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