A pesar de que el artículo 111 está siendo implementado desde 1993 es muy poca la información recopilada y solo hasta el 2020 se contó con información geográfica consolidada de los predios adquiridos a nivel país. Este instrumento económico ha sido implementado de manera desigual entre departamentos y municipios evidenciando un amplio rango de barreras y obstáculos. La recopilación de los datos espaciales de las adquisiciones permitirá evaluar a futuro su aporte en la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad, así como su articulación con otros instrumentos e iniciativas privadas o públicas.

Desde 1993 los departamentos y municipios en Colombia tienen la obligación de adquirir y mantener áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico invirtiendo no menos del 1 % de sus ingresos corrientes en cumplimento del artículo 111 de la ley 99 de 19931. Este artículo fue creado como un instrumento de apoyo para la gestión de los acueductos municipales para conservar las áreas de importancia estratégica que surten de agua a estos acueductos, y como una estrategia complementaria a las áreas protegidas. Sin embargo, después de 27 años se conoce poco sobre el cumplimiento de esta inversión2, número de hectáreas adquiridas, ubicación de los predios y el efecto que tienen estas adquisiciones en la protección de la cobertura vegetal necesaria para garantizar este servicio ecosistémico.

Hasta este análisis ninguna entidad pública nacional ha recopilado y organizado esta información y no existe una base de datos a nivel nacional. Sin embargo, algunos entes regionales sí cuentan con su información consolidada. El Instituto Humboldt y la Universidad de Boston recopilaron información sobre la ubicación espacial de los predios adquiridos y sobre aspectos de la aplicación del instrumento con el fin de evaluar su utilidad. Entre los años 2016 y 2020, se solicitó información a las entidades territoriales departamentales y a las Corporaciones Autónomas Regionales sobre el número de predios adquiridos, incluyendo su extensión e información cartográfica. Por medio de encuestas realizadas a los municipios se identificaron los principales obstáculos y posibles soluciones que estos tienen para la adquisición y mantenimiento de los predios. Se contactaron todos los departamentos continentales, todas las CAR y 162 municipios; de los cuales 17 departamentos, 24 CAR y 108 municipios compartieron información que permitió la identificación de más de 7200 predios, representando 227 217 ha con información espacial y 3000 registros de compras sin información concreta sobre la localización y el área del predio.

Al analizar la información recopilada se evidenció que existen diferencias en la aplicación del instrumento entre departamentos y municipios en términos del número de predios comprados y de las hectáreas adquiridas. La mayoría de los funcionarios encuestados de alcaldías municipales (46/56) opinaron que la compra de predios no ha sido suficiente para proteger el recurso hídrico. Sin embargo, en algunas regiones del país hay casos con resultados muy positivos -Tolima y Risaralda3-. Así mismo, algunos funcionarios de las CAR tienen la percepción de que este instrumento no es el más idóneo para el manejo del recurso hídrico por las dificultades en la compra de los predios y la administración de los mismos. Se identificó que la informalidad de la tenencia de la tierra, la falta de recursos a corto y a largo plazo son las limitaciones más fuertes para la adquisición de predios. Es necesario actualizar el instrumento a nuevos conceptos de conservación del recurso hídrico y fortalecer su relación con instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio -Plan operativo anual, Planes de ordenación y manejo de cuencas, áreas protegidas, Reservas de la sociedad civil- y con acueductos comunitarios, juntas de acción comunal, planes de ordenamiento territorial, etc. Igualmente fortalecer la articulación entre las autoridades ambientales regionales y las entidades territoriales para la identificación conjunta de predios o áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.

Desde el año 2013 estos mismos recursos -1 %- se aplican al instrumento económico de pago por servicios ambientales -PSA-4,5, por lo que a futuro se espera contar con un análisis a nivel nacional que determine la efectividad de la compra de predios para la protección del recurso hídrico en cuanto a la reducción o aumento de la cobertura forestal comparado con PSA. Análisis futuros también permitirán estimar el aporte adicional de estos predios a la protección de ecosistemas, al área de protección de especies amenazadas y a la conectividad entre las áreas protegidas.

Barreras a la implementación del instrumento

Barrera General Barrera Específica Actor Solución
Recursos (económicos, técnicos)
  • Insuficiencia de dinero para realizar compras.

  • Falta de información científica o sistematizada para priorizar la compra de predios.

  • CAR y Gobernaciones.

  • Fomentar más convenios entre departamentos y municipios para asegurar flujo de fondos a los más necesitados.

  • Generar mapas de prioridad de inversión a nivel nacional o consolidar los mapas a nivel departamental y regional.

Gestión
  • Falta de apoyo de las autoridades ambientales o departamentales y articulación de la información producida.

  • Falta de continuidad en el conocimiento de la aplicación de este instrumento.

  • Actores a todos niveles.

  • Crear y mantener puestos permanentes para funcionarios ambientales para preservar la continuidad del proceso de adquisición.

  • Promover una veeduría desde las organizaciones no-gubernamentales para que se mantenga la voluntad política para proteger el recurso hídrico por parte de administración municipales.

Normativa
  • La informalidad de la tenencia de la tierra limita la oferta de predios porque no existe la documentación apropiada para realizar la compra (los predios deben estar sanos en todo sentido).

  • Altas diferencias entre el predio ofertado por el vendedor y el valor del avalúo.

  • La falta de aplicación de las protecciones dadas a los predios.

  • Actores nacionales.

  • Apoyar la implementación del catastro multipropósito y el proceso de la formalización de la tenencia, especialmente en estas áreas sensibles.

  • Liberar fondos del 1 % para pagar la documentación necesaria (el gobierno paga por la medición de áreas, linderos, etc.). La ley lo permite, pero debería formar parte del protocolo de priorización de predios y negociación con los dueños.

  • Crear figura nacional de área de protección municipal.

Relación entre número de predios adquiridos y el índice de uso de agua -IUA- en un año seco (2018)

En general, entre los departamentos donde obtuvimos datos, se ve una tendencia de comprar más predios en áreas con un promedio de índice de uso de agua en un año seco (IDEAM, 2018) más alto, con la excepción marcada del distrito capital, aunque este beneficia también de las compras llevadas a cabo por el departamento de Cundinamarca. (Correlación de Kendall, r = 0.33, p = 0.034).

Barreras a la implementación en la adquisición de predios en municipios

Los departamentos no activos no reportan datos.

Toque en el mapa para ver más información

Número y hectáreas de adquisiciones entre departamentos

Toque en las convenciones para
filtrar por departamento

  • Amazonas

  • Antioquia

  • Bogotá

  • Boyacá

  • Caldas

  • Caquetá

  • Casanare

  • Guaviare

  • Cauca

  • Cesar

  • Cundinamarca

  • Huila

  • La Guajira

  • Magdalena

  • Meta

  • Nariño

  • Norte de Santander

  • Putumayo

  • Quindio

  • Risaralda

  • Santander

  • Tolima

  • Valle del Cauca

Obstáculos identificados en el proceso de compra de predios

Las CARS en general son temerosas para comprar predios pues el procedimiento es complejo. Por la magnitud de los recursos que se requieren, son trámites que en muchos casos han culminado en investigaciones y sanciones a los funcionarios que los han llevado a cabo. Una vez adquiridos las entidades no están preparadas para su administración y en muchos casos terminan siendo invadidos.

“Un predio adquirido en donde sean removidas actividades productivas y que se aísle adecuadamente es garantía de procesos de recuperación de los atributos de estructura, composición y función en los que se fundamenta el concepto de área protegida. Además la adquisición de predios aliviana la problemática social de habitantes que se encuentran antes de la declaratoria de áreas y les permite garantizar un nuevo proyecto de vida”.

“Reglamentado por el Decreto Nacional 953 de 2013, en algunos casos la compra por sí sola no genera impacto en los mecanismos de conservación en el sentido con que el paso de tiempo la no presencia del propietario, sin importar quien sea (gobernación, alcaldía), genera percepción de abandono del predio en el que los lugareños, motivo este que lleva a que se establezcan mecanismos y modos de ocupación (pastoreo, tala, entre otros) por lo tanto es necesario establecer mecanismos de administración de los predios que permitan el fin último de conservación de los ecosistemas de interés y eviten procesos de uso y ocupación de los residentes en áreas contiguas a los predios adquiridos”.

“Por Ley la adquisición de predios es una prioridad; sin embargo, no todos los predios tienen documentos en regla y su consecución puede ir más allá del periodo lectivo de un alcalde o de un Director de CAR o de CDS y no coincidir en intereses...Es una estrategia costosa, tanto para el proceso de adquisición, como para el de mantenimiento, que genera una carga administrativa importante para la entidad que asume la propiedad”.

“...las administraciones de las entidades territoriales no deberían focalizar la inversión de sus recursos únicamente en la adquisición, sino en estrategias para incrementar el número de áreas en conservación con el esquema de pagos por servicios ambientales, consiguiendo de esta forma el reconocimiento económico a las personas que custodian áreas de importancia estratégica y que a su vez se benefician de los servicios ambientales que prestan, evitando la invasión y deterioro de estos. Ya que en algunas ocasiones se presentan falencias en la administración de los predios adquiridos debido a la falta de personal que ejecute el seguimiento y custodia de predios, lo que ocasiona que no se identifiquen oportunamente las actividades de mantenimiento que requieren para su recuperación”.

Foto: Felipe Villegas

Más información

Referencias Cítese como
Citación de ficha sugerida: Reboredo Segovia, A., Matallana, C. D., Amaya Torres, D., Meza Chavez, D., Lopez Gamboa, V., Gómez Candamil, J.F., Cortés, J & Correa, C. (2020). Estructura ecológica principal para el ordenamiento territorial. En: Moreno, L. A., Andrade, G. I., Didier, G & Hernández-Manrique, O. L. (Eds.). Biodiversidad 2020. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Bogotá, D. C., Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 112p.
Compartir en redes