En Colombia solo 17 ecorregiones de las 67 analizadas han alcanzado un porcentaje de protección igual o mayor al 30 % de áreas incluidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), mientras que menos de la mitad de las ecorregiones cuentan con protección igual o superior al 17 % . En este escenario, existe la necesidad de identificar áreas complementarias que aporten a la conservación in situ de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los valores culturales1.
Estas áreas complementarias son áreas geográficas delimitadas, no reconocidas como áreas protegidas, que son manejadas y gestionadas de tal forma que aportan a la conservación in situ y, a largo plazo, se conocen como otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas1. Colombia aceptó reconocer la figura de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área (OMEC), dentro de sus prioridades de conservación, dándoles el nombre de Estrategias Complementarias de Conservación (ECC) y actualmente se encuentra en el proceso de establecer dichas áreas.
Para su selección y establecimiento es necesario el uso de protocolos de priorización espacial que permitan maximizar la cantidad de especies protegidas por ecorregión, así como identificar las áreas que servirían como corredores de conectividad para generar una red de áreas protegidas conectadas. A partir de la implementación de estos protocolos, se identificaron corredores que conectarían áreas protegidas en la Serranía de San Lucas, la Cordillera Central, los Valles del río Sinú, el Alto San Jorge, el Macizo Colombiano, así como la Serranía de la Macarena y el piedemonte de la Cordillera Oriental.
Incluir estas áreas complementarias como áreas protegidas tendría un efecto positivo sobre los patrones de conectividad general a nivel de país y de ecorregión, aumentando hasta en un 15 % la conectividad a nivel nacional si se cumple con el objetivo de protección del 30 %. A partir del índice de huella humana2 se estimó que, a nivel nacional, un promedio de 37,5 % de las áreas complementarias se encuentran en paisajes naturales con intervención humana casi nula. Por el contrario, cerca del 40 % se encuentra en paisajes productivos con una intervención media a alta. Por lo tanto, el manejo sostenible en paisajes agrícolas y la restauración de áreas transformadas deben ser los principales objetivos de manejo en el corto y mediano plazo en estas áreas.
Los protocolos de priorización espacial deben contar con un enfoque adaptativo. Este marco puede servir de base para priorizar áreas a escalas locales cuando nueva información se encuentre disponible. Este análisis se ha centrado en aspectos puramente biofísicos, pero la implementación de áreas complementarias que ignoran factores socioeconómicos pueden conducir a resultados deficientes. Por lo tanto, los análisis presentados acá pueden ser complementados con la inclusión de índices de equidad social en los objetivos de priorización, así como de aspectos tales como los costos de restauración y los costos de transacción requeridos para el manejo de las áreas complementarias. La incorporación explícita de estos atributos facilitará que los tomadores de decisiones cuenten con mejor información sobre dónde potenciar la inversión para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a múltiples escalas espaciales y temporales.
