Políticas basadas en incentivos para de control de la deforestación

El cambio climático se posiciona en la agenda de los organismos multilaterales, de gobiernos y de la sociedad como uno de los grandes retos que debe afrontar la humanidad. En países como Colombia implica compromisos para disminuir la deforestación, la toma de decisiones para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático y, por ende, conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ratifica la necesidad de detener la deforestación al ser un fenómeno asociado a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y destaca el papel de las selvas¹ como importantes sumideros de estas emisiones. Por otro lado, las comunidades que habitan los bosques han ejercido una gobernanza ambiental fundamental para regular el uso de los bienes comunes naturales, pero sus derechos se han visto vulnerados y las políticas públicas no han logrado potenciar su rol en la conservación ambiental.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, Colombia se ha enfrentado con la compleja interrelación entre cambio climático, deforestación y derechos de las comunidades rurales en un escenario de crisis ambiental global y reconfiguración territorial de diferentes actores. El gobierno nacional y la cooperación internacional han invertido recursos en programas y proyectos como parte de la política pública sobre cambio climático, estrategias que no han cumplido con las metas de disminución de la deforestación. Durante el año 2020, el país perdió 171 685 ha, un incremento del 8 % con respecto al 2019, año en el cual la cifra de deforestación fue de 158 894 ha. La deforestación se concentró en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Antioquia².

Dentro de las políticas públicas implementadas se encuentran las que están basadas en incentivos³, impulsadas por el Estado junto a las comunidades campesinas y que relacionan los acuerdos individuales y colectivos suscritos para generar ingresos adicionales por labores de conservación —Pagos por Servicios Ambientales, acuerdos de restauración ecológica participativa (establecidos entre Parques Nacionales Naturales y familias campesinas), procesos de reconversión productiva de la ganadería, sistemas de monitoreo comunitario y otras alternativas productivas—.

A partir de información suministrada por funcionarios y miembros de comunidades campesinas del noroccidente amazónico que han participado en proyectos de cooperación, se sugieren las siguientes recomendaciones a las políticas públicas:

1. Estas políticas deben equilibrar las metas de control de la deforestación y cambio climático y los derechos de las comunidades campesinas, para lo cual deben considerar la seguridad de la tenencia de la tierra, el bienestar social y la conservación de la biodiversidad.
2. Las políticas deben reconocer y articularse a espacios de incidencia comunitaria establecidos por organizaciones campesinas para establecer acuerdos que redunden en estrategias de conservación y bienestar social.
3. Definir los alcances y las limitaciones presupuestarias y políticas de los proyectos para contener la deforestación apoyados con recursos de la cooperación internacional, ya que la deforestación como fenómeno estructural y multicausal trasciende las capacidades y los tiempos de los proyectos de la cooperación. En ningún caso estos pueden ni deben reemplazar la acción integral del Estado para garantizar derechos y conservar la naturaleza.
4. Al ser la cooperación internacional una parte relevante en la financiación de la política pública ambiental, deben plantearse mecanismos más efectivos de rendición de cuentas, tomas de decisiones y claridades en los apoyos y acuerdos que a nivel de gobierno se suscriben para generar diálogos más honestos y transparentes que generen confianza en las comunidades rurales.
5. Es fundamental que los proyectos para controlar la deforestación reconozcan y trabajen de manera conjunta con las organizaciones comunitarias locales. El desconocimiento de estas organizaciones puede conllevar tensiones en el tejido organizativo local y dificultades para el cumplimiento de las metas de no deforestación.
6. Se recomienda que los programas y proyectos para controlar la deforestación sigan haciendo esta ejecución de recursos con las organizaciones locales, con el fin de lograr una mayor apropiación local y sostenibilidad de los componentes de los proyectos y fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades.
7. Programas como REDD+, Pagos por Servicios Ambientales, Acuerdos de Restauración dentro de Áreas Protegidas, deben ser implementados con claridades necesarias y como parte de sistemas productivos que complementen y fortalezcan la economía campesina.
8. Debido a que la deforestación es un fenómeno multiagente y multicausal, es fundamental que los proyectos de control de la deforestación fomenten espacios de gobernanza territorial, en donde los múltiples actores comunitarios, económicos estatales y de la cooperación relacionados con las dinámicas de la deforestación y las iniciativas para contenerla, puedan generar diálogos y una articulación de acciones conjuntas para responder a la deforestación de una manera mucho más integral.